Los contratos de obra de la provincia continúan con el salario de 2017

Pese al acuerdo paritario que establecía un mínimo garantizado de 15 mil pesos a partir de julio, el Gobierno provincial no actualizó los sueldos de los sectores más precarizados de la administración. Con septiembre, son tres meses los adeudados.

Cada año se abre la paritaria de trabajadores de las distintas ramas públicas y privadas de la economía, con el fin de efectuar una recomposición salarial en relación al proceso inflacionario anual. En la negociación de estatales de la provincia de este año se fijó un incremento del 19% en tres tramos, más un 3% dispuesto por el Gobierno provincial para septiembre, y un mínimo garantizado de 15 mil pesos a partir de julio. Aunque automática la suba salarial en el caso del personal de planta, las más de 1200 personas que tienen contratos de obra esperan todos los años una adenda que actualice el sueldo. A días de arrancar el mes de octubre, los contratos de obra del 90% de las reparticiones continúa con los números del año 2017.

Como informó en otras oportunidades Agenda Abierta, la modalidad de los contratos de obra es una problemática estructural que atraviesa al sector más precarizado de la planta estatal. Se trata de personas que realizan las mismas funciones y cumplen los mismos horarios que el personal con estabilidad, aunque es contratada bajo un proyecto de un año, que se renueva en cada enero, sin aguinaldo, vacaciones, obra social, antigüedad ni carrera administrativa. Actualmente la administración entrerriana cuenta con más de 1200 contratados en esta modalidad, sin ningún mecanismo que facilite una respuesta a largo plazo a la precaria situación. El Coprev, Desarrollo Social, Producción y Cultura los más afectados, aunque en la Secretaría encabezada por Gabas la mitad es contratada y un 25% del total es de obra.

Una mecánica viciada

Cada año la planta estable de la administración obtiene una recomposición salarial que repara (o intenta) el proceso inflacionario anual, mientras eso es inexistente para los sectores más precarizados. Al disfrazar las funciones cotidianas en cada repartición por supuestos objetivos materializados en proyectos de un año, los incrementos salariales para contratos de obra son imposibles ya que es tanta la precariedad que ni siquiera existe relación de dependencia. Incluso, hasta 2015 los contratados de obra no tenían ninguna garantía de aumento salarial.

Un año después, en 2016, se realizó una adenda por primera vez, como un nuevo contrato, que pasa por los mismos pasos que el expediente inicial, con el fin de abonar la diferencia entre el sueldo escrito por doce meses y la inflación. Con ese mecanismo, el año pasado, el Gobierno pagó una reparación desde julio a diciembre, con la meta de alcanzar el mínimo garantizado de aquel entonces, correspondiente a 12 mil pesos. La trampa fue que mientras el personal de planta tuvo una recomposición desde enero, los contratados de obra accedieron al mismo desde julio y recién lo cobraron entre diciembre de 2017 y enero de este año. Con ese escenario, la pérdida de poder adquisitivo fue mucho más aguda, ya que todo el proceso inflacionario anual fue enfrentado con el sueldo sin actualización. A eso sumarle que entre enero y mayo de cada año el Gobierno no abona los sueldos, mientras los precarizados deben seguir pagando su monotributo e impuestos al día.

Este año sucedió algo parecido, aunque profundizado en un escenario de inflación que propios y ajenos adjudican por encima del 42%.

La recomposición de este año es del 22%, mientras estatales y docentes esperan la reapertura paritaria con una inflación que superó holgadamente ese porcentaje de aumento salarial en los primeros ocho meses del año. En aquél acuerdo inicial, el Ejecutivo se comprometió a un mínimo garantizado de 15 mil pesos a partir de julio, incluyendo a quienes se encuentran bajo la modalidad contractual de obra. A días de iniciar octubre, la adenda sigue entre trámites internos, lejos de ser una realidad efectiva.

Los más optimistas dentro de la administración hablan de diciembre como el mes para el pago de esa adenda, que es de 3 mil pesos por mes desde julio, con el fin de garantizar que quienes hoy cobran 12 mil pesos pasen a 15 mil,  como estableció el pacto  paritario. Lo cierto es que aún continúan con los valores salariales de 2017, pese al complejo proceso inflacionario, la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación. Fuera de ese esquema quedará además el 3% dispuesto unilateralmente por el Gobierno provincial para septiembre y el porcentaje que se alcance en la reapertura de la negociación este mes. La conclusión es que el mínimo garantizado, que debía ser efectivo en julio, llegará en diciembre, desbordado por la inflación y lejos de los valores conquistados por la planta estable.

A estas alturas, una planta de 1200 personas transita su tercer mes de incumplimiento salarial, pese a que el Ejecutivo firmó el acuerdo.

 

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