A diferencia de la pobreza, el gatillo fácil es un delito

36 horas después del asesinato de Gabriel Guzmán, los policías Ibalo y Molina fueron liberados pese a los riegos de obstaculizar la investigación. De fondo, el Estado ausente en el barrio y la formación de las fuerzas de seguridad.

Por Mariano Osuna

Salvo la policía, quien además tiene vínculos corruptos y delictuales estructurales, el Estado no ingresa en el barrio Capibá. La garantía de los servicios esenciales y urgentes, el agua potable, las cloacas, un techo digno, el acceso a la salud y la educación, la inversión pública, un trabajo registrado y el abordaje y la intervención territorial cotidiana en el acompañamiento de las construcciones de los proyectos de vida, casi no aparecieron en la discusión pública y mediática ni en las declaraciones del poder político. No son casuales ambas ausencias, la del Estado y la de los derechos vulnerados, sino que caracterizan la visión hegemónica de criminalización de la pobreza. O se disfraza mediante una discusión binaria, farsa por cierto, entre derechos humanos y mano dura, como si el contexto no necesitara profundizar en las complejidades.

Lo cierto es que el debate primerizo ni siquiera fue gatillo fácil o legítima defensa, sobre lo ocurrido este martes en el barrio Capibá de Paraná, que terminó con el uniformado Rodrigo Molina disparando por la espalda a Gabriel Guzmán. Desde ahí una cadena de irregularidades, que tuvo además el abandono posterior mientras el joven necesitaba auxilio y denuncia de la comunidad sobre los negocios narcos en el barrio con complicidad policial.

Molina, junto a Diego Ibalo, fueron detenidos aunque 36 horas después liberados, recibidos por una insólita y peligrosa caravana de policías de las fuerzas de seguridad de Entre Ríos, y respaldados por las voces oficiales, como por ejemplo las lamentables exposiciones del jefe de la departamental de Paraná, Marcos Antoniow. Vale decirlo, con la única excepción de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que afirmó que no hay nada que celebrar.

El Poder judicial decidió liberarlos, en una época de prisiones preventivas de uso indiscriminado, y nunca consideró el entorpecimiento a la causa, las represalias contra los familiares que denuncian gatillo fácil o simplemente la posibilidad de fuga. Un disparo en la nuca y 36 horas después casi en funciones. «Hace dos semanas atrás intenté entrar a barrio Capibá en mi moto, la policía me dio la voz de alto. Me efectuaron disparos de municiones de goma», recordó Gastón, hermano del joven de 20 años asesinado, sobre el accionar diario de la policía. «A él primero lo matan y después lo revisan», denunció sobre el momento de fusilamiento.

En la noche del miércoles ambos fueron liberados, con un inédito festejo público de las fuerzas de seguridad y el recibimiento del jefe Gustavo Maslein con todos los honores. La legítima defensa se transformó en la voz oficial y se ninguneó las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos contra el disparo en la nuca, la violencia institucional y el gatillo fácil.

El accionar de la policía en los barrios más populares y más olvidados de la capital entrerriana es bastante similar. Narcomenudeo y Contravenciones aparecen como dos dispositivos arbitrarios para criminalizar y judicializar la pobreza; una receta ya conocida en tiempos de desocupación, marginalidad, recesión, inflación y pérdida del poder adquisitivo. Las desapariciones forzadas de Héctor Gómez y Martín Basualdo son casos testigo de ello. La metodología y el accionar de las fuerzas represivas no es nuevo. La discusión sobre la formación y la seguridad tampoco.

Esta nota no niega la violencia en los barrios ni quiere incidir en la investigación y las responsabilidades sobre lo ocurrido en Capibá, sólo visibiliza la violencia del Estado. Hay que llevar de las cárceles el debate a la inversión social y hay que construir un modelo de fuerzas de seguridad y sistema carcelario que ponga la restitución de derechos como parte de las respuestas. Hoy la única es la represión.