Cuando la impunidad es ley: un violador fue condenado pero seguirá libre

Gustavo Pimentel, Pablo Labriola y Alejandro Grippo condenaron a 3 años de prisión condicional con cumplimiento de tareas comunitarias a Marcelo Martín por abusar de su hija. Fue la pena mínima para el remisero que quedó en libertad. Se apelará el fallo.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná dispuso la pena mínima para Marcelo Martín, condenado a tres años de prisión condicional y a la realización de ocho horas de tareas comunitarias por abuso sexual simple, agravado por el vínculo, ya que la violación fue a su hija, con quien además convivía. Los detalles de la sentencia completa aún no se conocieron, aunque el fiscal Álvaro Piérola, ante la consulta de Agenda Abierta, confirmó el veredicto de Pimentel, Labriola y Grippo.

Con motivos de resguardar los derechos de la niña (demasiada revictimización hace el Poder Judicial), difundimos el caso de impunidad sin exhibir el apellido del violador, que también lleva su hija.

La apelación en Casación es el próximo camino. La madre, junto a organizaciones por la prevención y erradicación del abuso sexual infantil, continuarán una lucha que viene desde abril de 2014. Pasaron cuatro años, y pese al agravante por el vínculo, en un fallo que podía contemplar entre tres y diez años de prisión, se optó por la pena mínima, que permite que el violador siga caminando libre en Paraná.

La sentencia leve del Poder Judicial además hizo hincapié en el buen comportamiento del procesado. También en la ausencia de antecedentes, del abusador que se encuentra en sus tareas habituales, administrando distintos autos en la empresa de remises Laser SRL, donde su dueño es su padre. También como chofer.

La fiscalía, a cargo de Piérola, y la querella, representada por Marcos Rodríguez Allende, habían pedido 6 años de prisión, aunque el Tribunal desestimó esa posibilidad. Ahora se viene la instancia de apelación, con la solicitud de la querella para que se eleve la pena.

Una madre y una niña aún esperan una justicia en clave de derechos humanos; mientras la credibilidad del Poder Judicial entrerriano se desvanece, cómplice de esa impunidad. Marcelo Martín en Paraná, como Javier Broggi en Gualeguay, continuarán caminando libres, respaldados por el aparato estatal.