María del Carmen Verdú: “Hay una férrea política represiva dirigida por los organismos del gobierno nacional”

La abogada titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se refirió a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el contexto de la represión hacia la comunidad Mapuche. Se está “militarizando esa zona”, denunció.

Por Pablo Urrutia.

La abogada titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú, se refirió a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambos sucedidos en contextos de represión hacia las comunidades Mapuche que habitan el sur argentino y reclaman por sus tierras, y de la situación de violencia institucional imperante en todo el país.

En declaraciones al programa Agenda De Radio, que se emite de lunes a viernes por FM Radio de la Plaza (94,7Mhz), dijo que Prefectura actuó bajo las ordenes de “la Ministra Bullrich, el doctor (Pablo) Nocetti, por mandato explícito del Presidente”. Aseguró que “a lo largo y ancho del país hay ejemplos de situaciones similares que se vienen dando cada vez que se trata de frenar los reclamos populares contra el extractivismo, contra la minería, contra la explotación forestal, contra la apropiación de las aguas, contra la devastación de los bienes comunes”. Además sostuvo que los dichos de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Gabriela Michetti, confirman que hay una política represiva desde el Gobierno.

“El asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura, confirmado a través de la autopsia, con un disparo por la espalda que ingresó en el glúteo y que tuvo una trayectoria de abajo hacia arriba, porque estaba intentando volver a refugiarse subiendo el monte, es el más grave de los hechos ocurridos en estos últimos tiempos junto con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en similares circunstancias, en Esquel, en el marco de la represión al conflicto de la vivienda, de tierras, de los pueblos originarios”, expresó Verdú y en ese sentido agregó: “Esos dos hechos, que son las primeras dos muertes en la represión al conflicto social del gobierno de Cambiemos, los tenemos que mirar, leer e interpretar sobre el fondo de lo que es el incremento represivo que se viene dando desde el mismo día de la Asunción de la actual gestión de gobierno”.

“No nos equivocábamos cuando allá en diciembre de 2015 decíamos se venía una etapa de ajuste y represión, en lo que nos equivocamos fue en la rapidez y la profundización que iba a tener esa política de Estado” apuntó la abogada de la Correpi.

También se refirió a las expresiones la Ministra Bullrich y la vicepresidenta Gabriela Michetti, quienes rápidamente salieron a respaldar el accionar de las fuerzas de seguridad: “Lo han confirmado dejando bien claro que acá no se está hablando como creen algunos despistados por ahí, de algún gendarme, algún prefecto, algún policía al que se le salió la cadena o se le fue la mano”, dijo y aseguró: “No hay fuerza fuera de control sino que hay una férrea política represiva dirigida por los organismos del gobierno nacional, en este caso que hablamos de fuerzas federales, y de los gobiernos provinciales, cuando se trata de las fuerzas provinciales o de la ciudad”.

“En realidad lo grave de la conferencia de prensa es esta afirmación de que no necesitan pruebas para creer fehacientemente la versión de los prefectos sencillamente porque como ya lo decíamos en torno a la discusión del caso Maldonado, no había una versión de Gendarmería a la que se apegaba el Gobierno nacional sino que la versión del gobierno nacional es la versión de Gendarmería y viceversa, porque son lo mismo”, analizó María del Carmen Verdú. “Porque ni a gendarmería, ni a prefectura, ni a la policía federal los dirige el emperador Hirohito de Japón sino la Ministra Bullrich, el doctor (Pablo) Nocetti, por mandato explícito del Presidente de la nación e insisto, la misma estructura funciona a nivel provincial y de la ciudad”, explicó.

En referencia al hecho puntual que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, un joven de 21 años que se había acercado a solidarizarse con la comunidad Mapuche desalojada el pasado jueves de la zona del Lago Mascardi, dijo que “más allá de que inicialmente hayan querido presentar esto como un desaguisado con cuatro prefectos que estaban haciendo un picnic aprovechando el lindo clima en la Patagonia, lo cierto es que desde hace mucho que estamos denunciando la militarización de toda esa zona, en particular a partir de que se ordenó el desalojo el jueves 23 de la Lof en Mascardi”. En ese sentido relató: “Fue impresionante el despliegue que hicieron, hubo gente, compañeras y compañeros que viajaban por ejemplo desde Esquel hacia Bariloche para poder estar presentes y solidarizarse con los integrantes de la comunidad, como Moira Millán, que tardaron entre 11 y 13 horas en llegar por la multiplicidad de retenes, de demoras, de detenciones a lo largo del camino. Es un trayecto que se hace en dos horas en auto”.

“Esos prefectos estaban allí deliberadamente, buscando a quienes 48 horas antes habían buscado refugio montaña arriba, huyendo de la represión del día 23 por la mañana y fue cuando creían que podían descender a salvo a reunirse con sus familias, que empezaron a bajar y fueron avistados por los prefectos que les dispararon con ametralladoras, con balas de plomo y por la espalda”, señaló.

Consultada acerca de las razones detrás del desmesurado despliegue represivo en la zona, sostuvo que “en el caso puntual del pueblo Mapuche lo que hay es una necesidad, un compromiso que evidentemente tiene el Gobierno nacional de defender terratenientes y empresas multinacionales como Lewis o Benetton y también, por supuesto, justificar sus propias acciones en el marco de lo ocurrido el 1 de agosto con la desaparición de Santiago (Maldonado) en Esquel”, dijo.

Verdú aseguró que la situación represiva se traslada a todo el país. “Hay una realidad incontestable e incontrastable, es que a lo largo y ancho del país hay ejemplos de situaciones similares que se vienen dando cada vez que se trata de frenar los reclamos populares contra el extractivismo, contra la minería, contra la explotación forestal, contra la apropiación de las aguas, contra la devastación de los bienes comunes”, dijo y argumentó: “De eso pueden dar cuenta no solamente los mapuches en la Patagonia, también los Qom, los Wichis o los Pilagá en el norte o en el noroeste y cualquiera que se haya enfrentado a este tipo de situaciones, como los compañeros y compañeras que protagonizaron la fabulosa lucha contra Monsanto en Córdoba, que lograron impedir la instalación de la planta allí. No eran ni mapuches ni qom ni pilagá ni wichís, eran jóvenes, muchachas y muchachos conscientes defensores del medio ambiente que se instalaron allí y lograron impedir la instalación de esa planta que, hoy sabemos, este gobierno defendería a sangre y fuego como está defendiendo ahora a Benetton y a Lewis”, planteó.

También hizo referencia al tratamiento que se da desde los medios de comunicación al tema: “Todo el cuento de la demonización y la estigmatización de los mapuches como poco menos que terroristas que hacen temblar a Isis o que tienen vinculos con la guerrilla kurda, apunta a eso, a tratar de dar cierta justificación y legalización a su acción en Leleque y en Cushamen”, señaló y dijo que “es exactamente lo que sucede con cada víctima del gatillo fácil o de la tortura, el titular del diario nunca dice ‘pibito de 14 años brutalmente fusilado con un tiro en la nuca o en la espalda’. Dice que ‘un peligroso hampón, –cuando no términos peores– ha sido ultimado por las fuerzas del orden’ y después resulta que era un nene de 14 años y tenía un tiro en la nuca”, expresó y acotó: “Lo vemos todos los días de nuestra vida porque nos están matando a razón de uno por día, les voy avisando”.

“Entonces no puede extrañar la culpabilización y criminalización de la víctima, es un recurso más viejo que la pasión para legitimar la represión. Lo que vemos hoy es lo que hemos visto a lo largo de los pasados 30 años pero llevado a un nivel de intensidad tal que parece que ocurriera por primera vez”, observó la titular de la Correpi.

Por último remarcó que es un error considerar que los hechos represivos se deben a excesos de las fuerzas del orden. “No le sueltan la mano, le dirigen con su mano hacia donde tienen que ir”, apuntó y agregó: “No nos equivoquemos, hemos pasado demasiados años padeciendo la mentira de que cada hecho represivo es un exceso de tal o cual fuerza o de tal o cual individuo que muchos ya lo tienen incorporado y no se dan cuenta lo que dicen cuando hablan de abuso, de exceso, de soltar la mano, de dar rienda suelta, acá no se trata de fuerzas autónomas que hacen lo que se les da la gana, lo dijo hoy Patricia Bullrich y Gabriela Michetti, no lo está diciendo Correpi, no nos pueden venir a correr a nosotros con las teorías conspiranoicas, ‘en caso de duda la verdad es lo que dice la fuerza’” citó y remarcó que el mensaje es que “el beneficio de la duda es para quienes nos defienden y nos defienden es, no quienes defienden al pueblo, sino quienes defienden al Gobierno, porque son parte de la estructura estatal. Entonces de ninguna manera, como no pasó nunca, en ningún hecho represivo de los tantísimos que hemos hablado a lo largo de estas últimas décadas, se trata de episodios individuales, de manzanas podridas, de loquitos sueltos. Lo que hay es una política represiva estatal que cada gobierno administra como mejor le conviene y necesita”, sostuvo. En ese sentido, planteó que “cuando es un gobierno de las características del de Cambiemos, con el país atendido por sus propios dueños, porque acá no son los mandatarios de los poderosos, son los poderosos, son los CEOs administrando hoy el país, entonces nos encontramos en situaciones como la presente que requieren el mayor de los esfuerzos para enfrentarlos en la unidad de acción callejera, en los espacios de coordinación con la mayor amplitud y unidad posible, porque ellos sí bajan sus diferencias sectoriales cuando se trata de reprimir al pueblo trabajador”, finalizó María del Carmen Verdú, abogada titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).