Jorge Rodríguez, Néstor Kemerer y Mario Heyde, serán juzgados en juicio oral y público por el supuesto delito de peculado. Se les imputa sustraer fondos públicos para poner en funcionamiento una escuela.

El juez de Garantías Nº 2 Eduardo Ruhl resolvió este viernes remitir a juicio oral y público la investigación que se sustanció para determinar la responsabilidad de Jorge Rodríguez, Néstor Kemerer y Mario Heyde, director administrador, director de mantenimiento y suministros de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos, y sub director de la Dirección de Almacenes y Suministros de la DPV, respectivamente.
A los tres se les atribuye el supuesto delito de Peculado, en relación a la sustracción de “fondos públicos cuya administración, les había sido confiada, con destino a poner en funcionamiento, a partir del mes de Febrero de 2014, una escuela pública de gestión privada que lleva el Nº 235, denominada Heraclia Ruiz Díaz. Así, cuando el Consejo General de Educación (CGE), aprobó la creación del establecimiento escolar, con el único propósito de simular que la escuela iba a ser administrada y sustentada económicamente por una institución privada, formaron una Asociación Civil sin fines de lucro denominada Los Viales, presidida por Kemerer y en la cual Rodríguez fue designado secretario”.
También se les imputa que con el fin de cumplir con las exigencias del CGE, en agosto de 2014 “Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela, consistente en una porción de terreno de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Saraví, entre Brasil y JM Esquiú de Paraná, dentro del predio de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, Departamento Almacenes de la DPV”.
Nulidades
La defensa de Rodríguez, a cargo de Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, realizó un pedido de nulidad de la remisión, cuestionando que la fiscal Patricia Yedro hizo una valoración de la declaración indagatoria del imputado como si fuera una prueba, y solicitaron el sobreseimiento de su defendido por atipicidad de la conducta, puesto que consideran que el accionar de Rodríguez no constituyó un delito. La de Heyde y Kemerer, a cargo de Javier Martínez, solicitó el sobreseimiento por atipicidad de la conducta y esbozó un planteo que ofició a modo de excusa exculpatoria de sus representados. Todos los planteos y pedidos fueron rechazados por el juez, que resolvió remitir la causa a juicio. Martínez, manifestó que DPV tiene “legitimidad” para promover instituciones públicas; y criticó un informe del Tribunal de Cuentas, que luego fue corregido en la Justicia, puesto que se afirmó que la escuela era de gestión privada, cuando es pública.
Pruebas
La fiscal coordinadora Carolina Castagno rechazó los cuestionamientos de Cullen y Vartorelli y sostuvo que Yedro no realizó ninguna valoración de la declaración de Rodríguez como si fuese una prueba, sino que la incorporó al legajo como prueba documental. También defendió que nunca se cambió el hecho que se les imputó a los funcionarios, sosteniendo que siempre fue el mismo. Para la fiscal, la nulidad parte de una “premisa falsa”, porque, explicó, para pedir la elevación a juicio se valoró un cúmulo de prueba colectada, la que consideró “abundante”. También expresó que las nulidades deben especificar de qué modo afectan el derecho de defensa, “afectación debe ser sustancial”, consideró. Finalmente señaló que la audiencia de remisión es una etapa intermedia del proceso, añadiendo que será en el juicio donde los funcionarios podrán realizar su defensa material y valorar la prueba colectada en la investigación.
Fuente: El Diario