Entre Ríos se sumó formalmente a la Ley nacional de Salud Mental

La adhesión a la legislación 26657 se publicó en el boletín Oficial 26.041–199/16. Sancionada el 4 de octubre y promulgada quince días después, la normativa institucionaliza una forma de abordaje en clave de restitución de derechos.

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Entre Ríos se sumó a la ley nacional que establece un nuevo paradigma en la materia, desterrando prácticas de patologización, de medicalización y de manicomialización para avanzar en un nuevo abordaje desde los derechos humanos y la reconstrucción de los proyectos de vida. Por unanimidad, el pasado 4 de octubre, senadoras y senadores de Entre Ríos sancionaron la adhesión. Quince días después, el Ejecutivo Provincial promulgó la normativa 10445, que además crea un Órgano de Revisión Provincial que tendrá como objetivo «proteger y promover los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental».

Este nuevo organismo tendrá las mismas competencias que su par nacional, contemplando las funciones de requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos; supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación, prácticas o abordajes en el ámbito público y privado; evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades, y eventualmente apelar las decisiones del juez; controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la  Ley Nacional de Salud Mental 26.657; informar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes; requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares; hacer presentaciones ante el jurado de enjuiciamiento o el Organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los magistrados y funcionarios judiciales en las situaciones en que hubiera irregularidades; realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación; efectuar propuestas de modificación a la legislación en Salud Mental tendientes a garantizar los derechos humanos; controlar el cumplimiento de la presente ley, en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental; y velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en procesos de declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias.

En Entre Ríos, en el proceso de lucha por la adhesión y la implementación de la legislación, se conformó una Asamblea Permanente en defensa de la ley de salud mental, cuando se conoció la resolución ministerial 1003/2016 que dejó sin efecto una de las regulaciones que propone pautas y normas mínimas para la habilitación de Instituciones de Salud Mental y Adicciones públicas y privadas. El espacio autoconvocado, que se reunía semanalmente en Paraná, se encuentra integrado por un colectivo de ciudadanos representantes de organizaciones de usuarios, familiares y amigos de la Salud Mental, unidades académicas, centros de estudiantes, instituciones hospitalarias y del nivel central de salud, y organizaciones sociales y de Derechos Humanos que integran el campo de la Salud Mental en la Provincia de Entre Ríos

La institucionalización del nuevo abordaje fue sancionada por unanimidad en el Congreso Nacional el 10 de diciembre de 2010 y reglamentada el 18 de marzo de 2013. Representó una conquista colectiva, resultado de un proceso de construcción interdisciplinaria e intersectorial. En ese entonces, hace tres años, recibió media sanción y pasó a la Cámara de Diputados de la provincia, que lo devolvió con modificaciones al Senado entrerriano en julio de este año. El siguiente paso fue la promulgación el pasado 19 de octubre de la adhesión a la normativa nacional.

En el marco del seguimiento y de la participación en la implementación,la Asamblea conformada en la capital entrerriana se encuentra organizando una instancia provincial con otros espacios asamblearios en el Hospital Escuela De Salud Mental. Entre el temario de la conversación colectiva se encontrará la reciente adhesión provincial y las condiciones laborales de las y los profesionales y sus recategorizaciones.

La nueva ley nacional

La legislación, sancionada en 2010, cambia el paradigma respecto a la forma de abordar una situación estructural en la vida cotidiana de nuestra comunidad. Pensar la salud mental en clave de garantía de todos los derechos humanos, en el reconocimiento como sujeto de derechos de las personas, en el diagnóstico entendido como el resultado de saberes diversos e interdisciplinarios, y en la prohibición de la construcción de los tradicionales manicomios, expone una nueva cosmovisión estructurada por la restitución de derechos.

Esa legislación es la síntesis de un recorrido de años de instituciones, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que instalaron en la agenda pública una asignatura pendiente de nuestra joven democracia. El Ministerio de Salud de la Nación eliminó una resolución que restringía el número de camas e internaciones en espacios psiquiátricos y manicomios. El cambio de paradigma con la norma define la internación como un recurso excepcional, priorizando un proceso de desmanicomialización, abordando otras modalidades como la asistencia domiciliaria, los centros de día, la atención ambulatoria y las casas de convivencia.

La perspectiva de la ley 26.657 trabaja la desmanicomialización, repensando el padecimiento mental como un episodio temporal, donde el ejercicio de los derechos y la construcción de la ciudadanía son indispensables como abordaje integral por encima de cualquier diagnóstico.