Entre Ríos se movilizó contra las reformas laboral y previsional

La Asociación de Trabajadores del Estado realizó paro activo y movilización desde la sede de ATE hacia Casa de Gobierno. Gremios docentes, espacios de jubilados y movimientos sociales se sumaron a la marcha.

La Asociación de Trabajadores del Estado desarrolló este miércoles un paro nacional contra las reformas laboral, previsional y tributaria anunciadas por el presidente Mauricio Macri. En Buenos Aires se efectuó una movilización desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, mientras que en Entre Ríos se ejecutó paro activo, concentración y marcha. De la jornada de protesta participaron, además de las columnas de ATE, la seccional de Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) autónoma, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), sectores de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y del Sindicato De Trabajadores Docentes Universitarios De Entre Ríos (Sitradu). También se manifestaron, con sus tambores y sus consignas colectivas, los movimientos sociales Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), espacios estudiantiles, del movimiento de mujeres, de sectores culturales y de la salud pública, se plegaron a la marcha que atravesó Paraná.

El punto de encuentro fue la sede de ATE, ubicada en calle Colón 59 en la capital entrerriana. Con banderas y consignas contra las iniciativas oficiales, la concentración arrancó pasadas las 11 hs. Hubo lectura de documento, confeccionado por todos los actores y espacios que conforman la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional. También hubo carteles contra los senadores Alfredo De Ángeli (Cambiemos), Sigrid Kunath (FPV) y Pedro Guastavino (FPV), que votaron afirmativamente la reforma previsional, a quienes se los tildó de «traidores con el pueblo trabajador». En esa línea, el gobernador Gustavo Bordet adelantó en declaraciones a los medios que pidió a los diputados electos, Juan José Bahillo y Mayda Cresto, quienes integrarán el Bloque Justicialista, que también acompañen la propuesta oficial. El mandatario entrerriano lo contextualizó en el acuerdo fiscal que también trajo la adhesión a la ley sobre Aseguradoras de Riesgos de Trabajo.

La movilización recorrió calle Colón, San Juan y 25 de junio, hasta acercarse a la Caja de Jubilaciones, donde los manifestantes gritaron de manera unánime que «la caja no se toca». Trabajadoras y trabajadores del organismo respondieron con papelitos desde los pisos del edificio. En un improvisado escenario, Juana Avalos del Centro de Jubilados de ATE y Alejandra Gervasoni de Agmer defendieron el sistema previsional provincial, el 82% móvil con los cálculos actuales y el rechazo a las iniciativas de aumento de la edad jubilatoria.

Luego hizo un punto en calle Corrientes, donde se sumaron las columnas de los movimientos sociales. El dirigente de Barrios de Pie Entre Ríos, Julián Jarupkin, tomó el micrófono, a metros de la Municipalidad, para exigir puestos de trabajo genuinos y la declaración de la emergencia alimentaria. Reflexionó sobre la pobreza estructural y exigió Tierra, Techo y Trabajo, una de las principales banderas de los tres espacios sociales que vienen articulando medidas y se encuentran en la calle: Ctep, Barrios de Pie y la CCC. Durante esa intervención, Agmer Paraná se sumó a las columnas de la movilización, que superaron las cuatro cuadras.

Antes de continuar la marcha hacia Casa de Gobierno, el secretario de la Junta Interna de ATE de la Municipalidad de Paraná, Roberto Alarcón, exigió al intendente Sergio Varisco que se tomen «medidas urgentes para terminar con la precarización de la mayoría de los trabajadores, recategorizaciones y la implementación de la carrera administrativa por concursos».

Pasadas las 12 las columnas abrazaron Casa de Gobierno, donde se cantó el himno nacional y se dio lectura al documento redactado de manera multisectorial. Luego llegó el turno de los oradores, aunque la palabra principal fue del secretario general de ATE, Oscar Muntes. «La multisectorial nació para resistir los ajustes que enfrentan los trabajadores y sectores populares en la Argentina y en la provincia», expresó. Destacó que «sólo con la solidaridad de clase, apostando a la unidad y la pluralidad vamos a poder frenar el avance de las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno de Macri».

El dirigente estatal explicó que «pese a este contexto de ajuste y presión sobre los trabajadores con lucha y movilización hemos obtenido dos victorias importantes para los trabajadores del Estado como los pases a planta permanente de un grupo importante de trabajadores y discutir un proceso de recategorización para el conjunto de los trabajadores antes de fin de año». Añadió que la Ministra de Gobierno, Justicia y Educación, Rosario Romero y el Ministro de Economía, Hugo Ballay, en la audiencia del lunes les garantizaron que «no hay proyecto que vaya en la línea de modificar nuestra Ley Jubilatoria”.

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La profundización de un modelo de ajustes y penurias se cierne sobre la cabeza de millones de compatriotas a lo largo y ancho de la patria.

A mas de 30 años de la salida de la dictadura militar las condiciones de vida del pueblo empeoraron desde entonces, la pobreza llega a más del 30% de los argentinos y un 8% de indigencia. Claramente lo dice la cantidad de comedores y copas de leche que diariamente se abren a lo largo del país y que no dan abasto y no los falsos índices de pobreza que se dieron a conocer durante el gobierno anterior como en el actual.

La situación se agrava aún más debido al abandono paulatino por el Estado de los servicios sociales y sanitarios a los sectores más vulnerables y la población en general. El feroz recorte de los programas de asistencia en el presupuesto nacional de 2.018 establece una reducción de 5 millones de kilos de leche menos para maternidad y niñez. Así también se advierte una reducción en términos reales de los fondos en distribución de reactivos para bancos de sangre del 43%, de casi el 12% para el programa de HIV/SIDA y otro tanto para el de tuberculosis. Casi un 39% será el recorte para Médicos Comunitarios. También recibirán reducciones los programas “Incluir Salud”, el “ex Remediar”, de vacunación, de lucha contra el Chagas, etc. En tanto se pretende avanzar definitivamente  en la Cobertura Universal de Salud, llamada CUS, como un camino hacia la profundización de la mercantilización de la salud.

La más rancia oligarquía, la misma que a fines del siglo XIX y principios del XX modeló a sangre y fuego los destinos del país y que se enriqueció vilmente a costa de la entrega de la patria,  del desplazamiento y del asesinato impune de los pueblos originarios, de la explotación y represión de la clase obrera y de miles de inmigrantes pobres hoy, sin ninguna máscara ni disimulo vuelve a estar de forma directa sobre los puestos claves del Estado Nacional. Y así, como avanza una oleada antiobrera y antipopular en el mundo produciendo las más terribles  inequidades a tal punto que solo 6 personas tienen la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta,  en esta Argentina -de soberanía cada vez más restringida por la responsabilidad  e intereses de los propios gobernantes- se preparan y ejecutan planes  en el camino del drástico recorte o eliminación de todo un conjunto de derechos, conquistados a través de décadas de luchas populares. Luchas inclusive dieron aún antes que existiera la República Argentina como Estado políticamente soberano y por la cual dejaron su vida cientos de miles de indios, negros, criollos, mulatos y no pocos extranjeros para hacer una nación justa, libre e independiente.

El programa de gobierno de Macri, subordinado y de acomodamiento a la cada vez más grande concentración capitalista mundial, desde su propia asunción y aprovechando las oscuridades y desmanejos que dejó la administración  anterior, pisó el acelerador hacia la ejecución de sus planes entreguistas. Inmediatamente de asumido  concretó el despido de miles de trabajadores  en el Estado Nacional calificándolos de grasa militante, ñoquis, haraganes y faltadores, bajo el impulso de una sucia campaña pública de desprestigio que produjo como resultado  el desmantelamiento o debilitamiento de varias áreas del Estado. De la mano de estas acciones vinieron otras no menos nefastas para el pueblo: el aumento desmesurado de los servicios, la electricidad, el gas, el combustible, la apertura indiscriminada de la importación de bienes de consumo, el engaño de la reparación histórica a los jubilados.

Ahora intenta avanzar con un bloque de leyes  y medidas que, bajo la mentira de lograr mayor y mejor empleo, ponen en discusión conquistas históricas populares. Entre ellas persigue la eliminación de la jornada laboral de ocho horas, la desaparición del pago de horas extras  y su reemplazo por un banco horario, la limitación de la responsabilidad del empresario principal ante la derivación de tareas del establecimiento a través de terceras empresas, la creación de nuevas figuras laborales que terminan con el concepto de trabajo en relación de dependencia, el incremento de la edad jubilatoria,  la tendencia a la utilización de los alumnos de secundaria como mano de obra precarizada y barata, la reducción o eliminación del aporte patronal al sistema de seguridad social, la posibilidad de acuerdos paritarios a la baja, la aceptación de acuerdos de renuncia de derechos de manera individual por el trabajador, la profundización de la flexibilidad laboral a través de la potestad patronal de la variación de las condiciones de empleo, la eliminación de la correlación del haber jubilatorio con el haber en actividad y la pérdida definitiva del 82% sobre los códigos salariales remunerativos.

En materia de ajuste sobre las provincias se ha firmado por todas ellas, salvo la honrosa excepción de San Luis, un Acuerdo llamado de Consenso Fiscal que tiene todas las características de un fenomenal chantaje y al que la mayoría de los gobernadores se han subordinado, entre ellos el de nuestra provincia. Este acuerdo  que políticamente significa avalar el plan ajustador nacional  y que por ejemplo implicará sacarle la suma de 68 mil millones de pesos al sistema de seguridad social, para Entre Ríos le representa seguir relegando atribuciones propias y la pérdida de federalismo,  entre otras cuestiones nuestro gobernador renunció a hacer cualquier reclamo por el tema de coparticipación federal. No cabe duda en esto también que las administraciones anteriores son responsables de haber dejado en un estado de extrema debilidad a la provincia, esto se refleja en que de los más de 60 juicios iniciados por los Estados provinciales a la Nación por el tema de coparticipación absolutamente ninguno corresponde a Entre Ríos, sin embargo nuestra provincia según informa el propio poder Ejecutivo ha perdido producto del Pacto Fiscal el escándalo de $ 25.300 millones de pesos. –recordamos que desde la multisectorial de entonces denunciamos el perjuicio que esto traería desde su mismo inicio-.

A cambio de ir recibiendo a cuenta gotas lo que corresponde a  la provincia, el gobernador  se ha comprometido, además de a no reclamar nada para atrás, a establecer límites en relación a la planta de personal, a no incrementar sus gastos corrientes –aunque crezca la economía-,a seguir avanzando con el esquema de armonización del sistema previsional,  a modificar el esquema tributario, entre ellos el impuesto inmobiliario para que la valuación fiscal tienda a establecerse en consonancia con los precios de mercado y ubicarse el valor del impuesto entre 0.5 y el 2% de dicha valuación.

Por otra parte y mientras recaen los perjuicios de un brutal ajuste, se prepara un acuerdo Mercosur – Unión Europea que parece ser la réplica remozada de aquel desastroso Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que Rivadavia firmó con Inglaterra en 1825 y que tendrá como consecuencias un deterioro aún mayor de la industria nacional y de las condiciones de empleo de los trabajadores argentinos.

Lamentablemente se siguen abonando las salidas hacia una mayor concentración de las riquezas, lo refleja perfectamente el conflicto en la Patagonia donde el macrismo pretende tapar el problema de la distribución y acaparamiento de tierras  detrás de enemigos imaginarios. Si bien en Entre Ríos el emergente de la concentración de tierras no se da del mismo modo que con los pueblos originarios, no por eso el problema deja de ser muy grave. Nuestra provincia muestra un inocultable despoblamiento rural, tanto es así que los mismos censos arrojan que en algunos departamentos hay menos población que hace décadas atrás. El sistema productivo agrario expulsa la población del campo y de las pequeñas y medianas ciudades hacia  los grandes conglomerados urbanos, muchas veces a un destino incierto de miseria, desocupación y desarraigo, convirtiendo a la tierra en un bien de especulación financiera bajo un modo de agricultura extensiva caracterizado por la aplicación de alta tecnología, escasa mano de obra y uso indiscriminado de agroquímicos.  Entre Ríos tiene en todo esto el triste record mundial de tener la ciudad con más alta concentración de glifosato en el mundo: Urdinarrain

En tanto, la muerte de Santiago Maldonado en un operativo de Gendarmería dirigido por Pablo Noceti, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y la cadena de mentiras sobre el caso surgidas y publicadas desde las entrañas del gobierno, el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi por efectivos de la Prefectura con justificación de su muerte por adelantado por parte de la Ministra Patricia Bulrich, junto a otros hechos como el reciente y sanguinario accionar policial sobre  trabajadores estatales en Neuquén van afinando la línea represiva demostrando, para quien quiera ver, por donde pasa la resolución de los conflictos con intereses en reclamos legítimos.

Por ello las organizaciones que aquí nos convocamos, bregando por la unidad del campo popular reclamamos y decimos:

  • Repudiamos el paquete de leyes antiobreras y antipopulares de reforma laboral, previsional y fiscal impulsadas por el gobierno nacional en tratamiento en las cámaras legislativas.
  • Rechazamos la adhesión de la provincia al acuerdo nación- provincia llamado de Consenso Fiscal
  • Basta de flexibilización laboral y despidos. Pase a planta y estabilidad inmediata para todos los trabajadores precarizados
  • Repudiamos  la adhesión de la Provincia a la ley nacional de ART
  • Defensa del sistema previsional solidario,  universal y móvil y del 82%. No al aumento de la edad jubilatoria. La caja provincial no se toca.
  • No a la cobertura universal de salud. Creación de un sistema de salud único  que garantice el pleno acceso a la salud integral, gratuita, universal y de calidad a toda la población.
  • Exigimos educación universal y gratuita al servicio del pueblo en todos los niveles: inicial, primaria, secundaria, de la ley técnica  26058, de la educación terciaria y universitaria.  Validez nacional para títulos otorgados por escuelas técnicas y agro técnicas y las certificaciones de  formación profesional
  • Defensa de la industria nacional y los puestos laborales
  • Declaración de la emergencia en violencia de género con presupuesto real
  • Implementación real de la ley de educación sexual integral.
  • No a la persecución y criminalización de la protesta social y de los luchadores populares.
  • Castigo a los responsables de las muertes de Santiago Maldonado y Francisco Nahuel. Repudio al accionar represivo y criminal de las fuerzas de seguridad.  Repudio al accionar criminal e irresponsable de las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad, principalmente en la cabeza de su titular Patricia Bulrich y del Presidente Mauricio Macri
  • Pago de un bono de $ 5.000 para todos los trabajadores de todos los sectores, ocupados, desocupados y jubilados.
  • Por una vida sana, basta de envenenarnos con agrotóxicos.
  • Plena implementación de la ley de emergencia social y aprobación de la ley de emergencia alimentaria, por la que vienen luchando las organizaciones sociales como fieles representantes de los sectores excluidos del país
  • Por Tierra, Techo y Trabajo

Por todas estas razones las organizaciones firmantes llamamos a la más amplia unidad para la lucha, asumiendo el compromiso de parar el ajuste nacional y la subordinación de los gobiernos provinciales.