México: exigen claridad en la implementación de la ley sobre desaparición forzada

El presidente Peña Nieto promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Organismos de derechos humanos exigieron presupuesto adecuado y ruta clara en la ejecución de la legislación.

«Durante muchos años, desde el Estado no se había querido reconocer, pero hay que decirlo: durante décadas, en el país decenas de miles de personas han desaparecido o no se han localizado», reconoció el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos valoró que el Estado diga algo, aunque exigió una ruta clara sobre la implementación de la nueva legislación. Reclamaron presupuesta y una dirección precisa.

Ante representantes de grupos civiles y colectivos que participaron en la elaboración de la ley, Peña Nieto admitió que tiene una «enorme frustación» en esta materia. Patentizó su solidaridad «con los familiares de las víctimas ante el dolor que representa no encontrar a un familiar», y expresó que «con el esfuerzo de sociedad e instituciones se aprobó un nuevo marco legal que marcará un antes y un después en las desapariciones forzadas, una de las experiencias más dolorosas para un ser humano». Mientras transmitían en vivo, organizaciones de derechos humanos explicaron que la promulgación de la ley «es sólo el reconocimiento de la magnitud de la crisis humanitaria».

Antes de firmar la promulgación de la ley, Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República para que en el plazo de 60 días realicen las acciones para instalar el Sistema Nacional de Búsqueda; construir la comisión nacional de búsqueda y el consejo nacional ciudadano; depurar y organizar el traslado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas a la Secretaría de Gobernación; poner en operación el Banco Nacional de Datos Forenses; integrar el Sistema Único de Información para la Búsqueda, y conformar el registro de fosas comunes y clandestinas, entre otras acciones.

«Es una muestra de buena voluntad frente a la magnitud que ha alcanzado la crisis de desapariciones y demás violaciones de derechos humanos e impunidad en nuestro país», reconoció el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Sin embargo, demandó que la promulgación “tenga ruta clara para la implementación y cuente con los recursos adecuados y suficientes, más allá de los dotados actualmente en el presupuesto 2018”.

La organización señaló que el Estado debe renovar su compromiso con los organismos internacionales de derechos humanos. “Estaremos esperando fecha para reunirnos con el Ejecutivo y con los funcionarios involucrados, incluyendo a las autoridades de las entidades federativas cuyo rol en este proceso es sustancial”, añadió sobre una implementación adecuada y participativa de las familias.

Las familias indicaron que «la impunidad del pasado nos persigue y rebasa tanto que la mayor tragedia que vivimos hoy en día son las desapariciones de miles de personas en México” puntualizó. “Sabemos que la Ley de Desaparición es solo el comienzo, y estaremos observando, proponiendo y trabajando colaborativamente en su implementación (…) y se garantice el acompañamiento y seguimiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para que se cumpla el objetivo que compartimos: la localización y presentación de las personas desaparecidas, la sanción a los responsables, reparación de los daños y no repetición”.

En su comunicado, las familias de desaparecidos plantearon que la ruta de trabajo para la pronta implementación de la ley incluya siete puntos, entre ellos la creación y consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y Comisiones Locales, “asegurando procesos abiertos y participativos en la designación de titulares y la dotación de presupuesto necesarios para la búsqueda efectiva de personas”. En el segundo punto destaca la constitución de los órganos de participación, y en tercer lugar la creación de las nuevas fiscalías especializadas y fortalecimiento de servicios forenses. En este apartado, el Movimiento considera necesario que se lleve a cabo una reforma integral al artículo 102 constitucional, tal como lo ha propuesto el colectivo #FiscalíaqueSirva.

También la creación de plataformas tecnológicas y protocolos que ayuden en el registro, sistematización y cruce de toda la información necesaria para la búsqueda y localización de personas, y que se garanticen los derechos de las víctimas y se haga una declaración especial de ausencia por desaparición.

En el sexto punto plantean que se reconozcan las competencias del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y se cumpla con los compromisos internacionales. Y, por último, que los Estados se comprometan a implementar la ley eficazmente con la participación de las familias y le brinden presupuesto para operar de manera eficaz.

Fuente: Proceso y La Jornada