Condenaron a tres empresarios por un millonario fraude contra la AFIP

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a los dueños de una empresa constructora y a un abogado por haber organizado un esquema contable para simular el pago de impuestos por 2,8 millones. Ninguno irá a prisión.

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a los dueños de la fallida empresa Constructora del Norte SRL –quebrada en 2014– y a un abogado por haber organizado una maniobra contable para simular el pago de impuestos mediante la generación de un saldo de libre disponibilidad falso. La estrategia consistió en la presentación de una declaración jurada en la cual la empresa constructora incorporó certificados de retención falsos, que generaron saldos de libre disponibilidad ficticios y luego aplicarlos, mediante el pago por compensación, a la deuda impositiva que tenía en concepto de IVA por 2.824.756,19 pesos.

El empresario Guillermo Gabriel Galeazzo; sus hijos, Pablo Gabriel Galeazzo y Santiago Alberto Gaitán Facello; y el abogado Juan Santiago Correa fueron condenados a penas de dos años y seis meses de prisión condicional por el delito de simulación dolosa de pagos. Ninguno de ellos irá a prisión. Esta empresa es la misma que tuvo a su cargo la construcción de un barrio encarado por el Círculo Médico de Paraná y que terminó en un fracaso por los graves incumplimientos en la administración y ejecución del contrato de obra. Las irregularidades están siendo investigadas por la justicia provincial.

Esta maniobra por la que ahora fueron condenados los empresarios es apenas la punta del iceberg de una estafa de incalculable magnitud contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), orquestada desde las propias entrañas del organismo, y en la que aparecen involucrados los empresarios Miguel Marizza y Néstor Szczech y los abogados Roberto Izaguirre, Luis Morelli y Sergio de Araquistain, entre otros personajes.

Una moderna y novedosa artimaña

La empresa Constructora del Norte SRL estaba agobiada por las deudas impositivas. Dicen sus socios que la quiebra del Grupo Waigel y la denominada crisis del campo comprometieron su funcionamiento. También le apuntaron a las presiones de una procuradora fiscal de la AFIP, Alicia Ibáñez. Los convenios de pago caían por su propio incumplimiento y las presiones del organismo recaudador eran cada vez más fuertes.

Hasta que aparecieron representantes de un estudio contable y jurídico ofreciéndoles una solución: la cancelación de la deuda a través del sistema de compensaciones. Como parte de esa nueva estrategia, la empresa presentó en 2011 una declaración jurada rectificativa del IVA correspondiente al período enero de 2009 donde aseguraba que había sufrido retenciones por parte de la firma Nucleoeléctrica Argentina SA por 2.824.756,19 pesos, lo que le generaba un saldo de libre disponibilidad por el mismo monto, que los empresarios utilizaron para cancelar su deuda impositiva casi inmediatamente.

Esa nueva situación, sin embargo, activó las alarmas en la AFIP, sobre todo por el volumen de deuda que la empresa pretendía compensar.

Eso motivó una verificación exhaustiva de la documentación. De ahí surgió que Nucleoeléctrica Argentina SA –que se dedica a la comercialización de energía eléctrica de Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero– efectivamente había efectuado esas retenciones y que, si bien los certificados presentados por Constructora del Norte SRL coincidían en número, fecha y monto, reportaban como retenidos a otra firma, Sadia Empresa Constructora SA, es decir, existían, pero no a su favor, sino que eran mellizos y Constructora del Norte pretendió utilizarlos de manera fraudulenta.

Comprobada la maniobra, la empresa presentó una nueva declaración jurada rectificativa en la que eliminó las compensaciones, rectificó la inconsistencia que había advertido la AFIP y se anularon las compensaciones, con lo cual renació la deuda.

Pero para ese momento el delito ya se había consumado.

Eso no les impidió a los empresarios repetir la misma trampa en los meses de junio y agosto de 2011, lo que también fue advertido por la AFIP.

“La maniobra acreditada estuvo claramente destinada a defraudar a la AFIP, mediante una artimaña que sus representantes tildaron de novedosa, pues solo a través de un control exhaustivo se la pudo detectar”, consignó la jueza Lilia Carnero, que intervino como tribunal unipersonal en el juicio que terminó con la condena de los empresarios. “El medio usado para la comisión de este ilícito fue la informática, herramienta frecuente en este siglo donde lo virtual es portante de una ontología muy sofisticada, con apariencia de impersonal, lo que implica un mayor esfuerzo para detectar sus autores”, acotó.

Los empresarios Guillermo Galeazzo, Pablo Galeazzo y Santiago Gaitán Facello, “en connivencia con otras personas”, dice la jueza, pergeñaron un plan para generar un saldo de libre disponibilidad a su favor que les permitiera saldar la deuda impositiva. Esto fue reconocido por ellos en el juicio, “aunque le dieron su propia connotación, explicando que de algún modo fueron estafados por una organización en la cual intervenían profesionales de esta ciudad y otros de la provincia de Buenos Aires”.

Según la versión que dieron en el juicio, los empresarios le habrían pagado a Izaguirre una suma equivalente a las compensaciones, aunque luego éste les devolvió poco más de medio millón de pesos, siempre según sus dichos.

La jueza no creyó en esa versión. Dijo Carnero: “Si bien puede ser cierto que desconozcan todos los vericuetos de la gestión tributaria, sí estaban en perfectas condiciones intelectuales para aceptar una compensación millonaria, fuera del sistema de control de la AFIP, usando un crédito fiscal que ellos nunca tuvieron” y resaltó: “Lo utilizaron con el conocimiento de su falsedad, en forma fraudulenta”.

Como fuera, la jueza concluyó que todos se beneficiaban de este “negocio espurio”, quienes lo ofertaban utilizando documentación melliza y recibían dinero por esa gestión ilegal y aquellos a quienes les permitía cancelar sus deudas por mucho menos de su valor. “En consecuencia, no existen dudas que (los empresarios) concurrieron encubiertamente en el plan de defraudar a la administración pública, para tratar de paliar el elevado monto adeudado por cargas tributarias, abonando a la banda un importe mucho menor”, resumió la jueza en el fallo.

Fuente: Página Judicial