Una funcionaria Municipal le quitó el carro y lo dejó sin su medio de vida

Esteban Abrego es un vecino de Paraná que se dedica a la venta ambulante. En un claro abuso de poder, la directora de Salud Animal, Isabel Mariani le secuestró el carro y el caballo con el que trabaja. El hombre tiene una severa discapacidad.

Por Pablo Urrutia// Video edición y fotografía: Facundo Saavedra.

Esteban Abrego denunció que la funcionaria municipal Isabel Mariani, titular de Sanidad Animal, le hizo secuestrar por la Policía el carro y el caballo que usaba para buscar el sustento de su familia, sin darle mayores explicaciones.

“Dicen que la yegua estaba maltratada pero es mentira”, manifestó Lilia Gómez, compañera de Abrego y dueña de la yegua secuestrada. Cuando fueron a reclamar al Municipio, se encontraron con la negativa y el silencio. En la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual depende el programa “Recuperadores de Derechos” que lleva adelante el reemplazo de la tracción a sangre en la ciudad mediante la entrega de motocarros, les informaron que no podían hacer nada ante la situación y les sugirieron que recurrieran a la Defensoría del Pueblo de Paraná. Allí encontraron apoyo y contención, pero pocas respuestas a su complicada situación. El área sólo puede hacer un reproche moral ante determinados atropellos e injusticias cometidos contra ciudadanos.

Rubén y Lilia no logran explicarse porqué el Estado se volvió contra ellos para dejarlos directamente sin su medio de subsistencia y en una comprometida situación económica. “A la yegua todavía le estoy pagando, me salió 15 mil pesos y la estoy pagando en cuotas”, relató la mujer. “El carro es prestado, me lo están reclamando y ahora lo voy a tener que pagar”, explicó a su vez Abrego.

El hecho mezcla por un lado el abuso de poder de quienes interpretan las normas a su antojo y confunden la función pública con el goce de privilegios por encima del resto de los vecinos; y la grave ceguera del Estado frente a las complejidades de ciertas problemáticas sociales como por ejemplo, la pobreza.

Es loable que nuestra comunidad marche hacia el pleno respeto por los derechos de los animales y promueva la erradicación de la tracción a sangre pero, huelga decirlo, es necesario que ese objetivo no se realice por encima del respeto hacia las personas y que una política de Estado que tiene cierta aceptación entre buena parte de los vecinos, no se convierta en el castigo y la estigmatización de otros menos favorecidos.

Los carritos, esos Sulkys de la miseria, proliferan allí donde falta el Estado y abundan la pobreza, el desempleo y la marginación. Es un modo de vida y de transporte para aquellos que aún no fueron alcanzados por la inclusión social o el derrame de la economía, pero además son parte de una cultura residual pero coexistente con nuevas  formas de interpretar el papel de los animales en nuestras sociedades. Pretender borrar de un plumazo estas costumbres y modos de vida es, cuando no un absurdo, autoritario y violento.

El abuso

Esteban Abrego es un hombre joven, tiene cuatro hijos y vive en lo que, según indicaron algunos vecinos del lugar, se denomina Barrio La Lata, un angosto y prolongado asentamiento que se recuesta en el arroyo Antoñico, bordeando Barrio El Sol. Casitas muy precarias, en su mayoría de chapas, dan abrigo a vecinos que llevan una vida casi de campo, rodeados de perros, gallinas, cerdos y caballos. La mayoría de los habitantes del lugar se dedican al cartoneo o venta ambulante, para lo cual usan carritos tirados por caballos, al igual que Abrego.

Hace tiempo, Esteban tuvo un accidente que lo invalidó para trabajar, perdió su pierna derecha a la altura de la rodilla, entonces el carro, además de una herramienta de trabajo, se convirtió un valioso medio de transporte. Esa información no se tuvo en cuenta a la hora de secuestrarle su vehículo con el que, como todos los días, salió a rebuscárselas aquél lunes en que se cruzó con un operativo del Programa Recuperadores de Derechos que se realizaba en la zona del Ejército. Los prejuicios y la estigmatización parecen haber reemplazado el análisis de esa realidad que se pretende abordar y modificar.

“Yo venía por los cuarteles vendiendo huevos, ya me estaba volviendo a la casa y justo estaban entregando los motocarros. Había una señora rubia y como estaba la policía les dijo que me secuestraran el carro”, relata Rubén. La señora rubia, supo después, es Isabel Mariani, directora de Sanidad Animal de la Municipalidad de Paraná.

Lo obligaron a bajarse del carro, desatar el caballo y volver a su casa con las manos vacías. Para ello debió gastar los pocos pesos que había hecho vendiendo huevos, en un remise.

El carro y la yegua de Abrego custodiados por la policía al momento en que le fueron sustraídos.

Junto a su pareja, Lilia Gómez, trataron de hallar explicación. Se dirigieron a la Secretaría de Derechos Humanos de Paraná, con lo único que le dieron como registro de aquella situación, un papelito que dice “Motocarro”, una dirección y un número de teléfono. En la dependencia que funciona en la órbita de la secretaría a cargo de Eduardo Solari, les respondieron que ellos no podían hacer nada y les sugirieron que fuesen a reclamar a la Defensoría del Pueblo. “Me dijeron que no me podían quitar así el carro. Llamaron a la Policía y le dijeron que ellos no secuestraron el carro. Ni la Municipalidad me puede sacar el carro”, argumentó Abrego, que aún así, sigue sin obtener respuestas del Gobierno local y, principalmente, sin poder recuperar lo que le quitaron.

Los argumentos para el secuestro son vagos y no alcanzan a configurar una razón ajustada a derecho. “Justo se me había salido una herradura y me dijo que me lo sacaron por eso y porque la yegua estaba maltratada, pero eso no es verdad. Yo le hice cortar el haba –una inflamación del paladar duro y encías del caballo– para que engorde y le compro fardo y raciones a los caballos”, explicó Esteban, quien no comprende la actitud de parte de las autoridades, ya que según relata, “justo paré para preguntar cómo podía hacer para tener un motocarro y ahí me agarró la mujer esta (Mariani) y me hizo quitar el caballo y el carro por la Policía. Me dijeron que iba a fiscalía. La Policía de la Comisaría 6ta me tomó los datos, pero ahora dicen que ellos no tienen nada que ver”, lamenta.

Ni remotamente Abrego se imaginó en aquel momento el abuso de poder y la violencia institucional a la que sería sometido: “La Policía me dijo hacé caso y no la hagas tan grande, porque no quería que me quiten el carro y me querían secuestrar todo, la bocina (parlantes que van sobre el carro), las baterías que tenía y yo las había comprado”. “Dice que yo venía pegándole al caballo y es mentira, está la policía de testigo”, agrega en su defensa que nadie parece querer escuchar.

El hombre quedó en una complicada situación, como si acaso le faltaran dificultades. “El carro no era mío y me lo están pidiendo y si tengo la oportunidad de entregarlo por un motocarro lo entrego. La yegua es de mi señora y ahora no tengo para trabajar, me quedé a pata. Soy discapacitado, me falta una pierna, tengo cuatro hijos y tengo que andar mangueando un carro para que me presten para salir a trabajar. Fui a ver si me alquilan un carro y un caballo y me dijeron que no podían”, lamenta y explica: “Soy verdulero ambulante, vendo huevos, a veces compro baterías usadas, salgo a vender gallinas, cualquier cosa para hacer plata”.

El silencio y la indiferencia ante su situación es otra de las injusticias que debe enfrentar: “No me quieren decir dónde está el carro y la yegua. No me dieron ningún papel de nada”, dice. El único registro oficial de la situación es el acta que redactaron en la Defensoría del Pueblo, dando cuenta de su relato.

“Tampoco puedo regalar la plata del carro. La yegua nos salió 15 mil pesos y todavía la tengo que pagar”, vuelve a reclamar Esteban Abrego.

La Ley y el garrote

La funcionaria municipal con efectivos de la Comisaría Sexta, durante el operativo realizado el lunes 2 de octubre.

La titular de Sanidad Animal, Isabel Mariani, actuó de manera arbitraria y haciendo abuso de su posición de funcionaria pública generó una situación de violencia institucional de parte de efectivos de la Comisaría Sexta de la ciudad, a quienes ordenó actuar sin que existiera delito de parte de Abrego. De hecho, la Policía no labro ningún acta y no registró denuncia. El delito de vender huevos en un carro no existe en el código penal, ni siquiera en el arbitrario y arcaico Código de Contravenciones de la provincia, mucho menos en la normativa local. Por eso, el subcomisario Palacios, a cargo del destacamento, negó la intervención de la fuerza que, según dijo, sólo estaba como apoyo en el operativo.

La confusión de Mariani, tal vez, surge del hecho de que el año pasado el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 9537 para erradicar la tracción a sangre en la capital entrerriana, un reclamo de larga data de parte de las asociaciones proteccionistas de animales. La norma, se debe complementar con el programa Recuperadores de Derechos, aprobado en la gestión de la ex intendenta Blanca Osuna, que trueca los caballos y carros por motocarros, a la vez que promueve la inclusión de las personas que se dedican al cartoneo y la venta ambulante mediante la capacitación laboral. Dicha ordenanza, prohíbe en todo el ejido de la ciudad la circulación de cualquier medio de transporte cuya tracción verse sobre la fuerza de un animal y contempla la aplicación de sanciones, aún en los lugares que no hayan sido alcanzados con la progresividad del Programa de Erradicación de Tracción a Sangre, cuando los equinos se encuentren circulando sin herraduras o colocadas en forma incorrecta, estén desnutridos, enfermos, con patologías crónicas o infectocontagiosas, lastimados, cuando sean hembras gestantes, cualquiera sea el tiempo de preñez o circulen con cría al pie, o todo aquel equino que no tenga el porte y el peso adecuados para ser utilizado en la tracción. También prohíbe el uso del látigo u otro elemento para azuzar al animal, ocasionándole dolor, maltrato y castigos innecesarios, como el uso de altoparlantes con dirección al animal.

El secuestro compulsivo del carro y el caballo, son parte de las sanciones dispuestas por la norma, una iniciativa de la concejal del oficialismo, Claudia Acevedo. Sin embargo, la misma ordenanza prevé que su aplicación será plena una vez transcurridos los 360 días de su promulgación, cosa que ocurrió el 4 de enero de este año. Es decir, la Ordenanza aún no tiene plena vigencia. Amén de que resulta obvio que su aplicación, necesariamente, debe ir de la mano del reemplazo del vehículo, de otro modo, se priva a vecinos de la ciudad de un medio tradicional de subsistencia sin darles alternativa alguna para asegurarse el sustento, tal como le sucedió a Esteban Abrego. La contracara de la erradicación de la tracción a sangre debe ser la inclusión de quienes se valen de la misma para llevar un plato de comida a la mesa, y no el arrebato proteccionista de un funcionario de turno. Ese es el espíritu del Programa Recuperadores de Derechos del cual la Ordenanza 9537, es un satélite.

Isabel Mariani, con el aval del Gobierno Municipal, no sólo pone el carro delante del caballo, promoviendo el aspecto punitivo de la norma antes de desarrollar sus aspectos inclusivos; además pone al caballo por encima de las personas, sus realidades y necesidades, actuando, como se ve, fuera de la ley.