El Defensor del Pueblo se refirió a la aplicación de la ordenanza de erradicación de la tracción a sangre

Luis Garay dijo que secuestrar caballos a ciudadanos que los utilizan en los carros, “sin darle una alternativa desde el Estado, no tiene sentido”. Aseguró que en el caso de Abrego, la Municipalidad aún no informó que haya existido maltrato animal.

Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay.

Por Pablo Urrutia.

El defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, se refirió al caso de Esteban Abrego, el señor al que la directora de Sanidad Animal, Isabel Mariani, ordenó secuestrarle el carro y la yegua con que realizaba su trabajo como vendedor ambulante.

Abrego, junto a su mujer, realizó gestiones ante las autoridades municipales, pero sólo encontró eco en la Defensoría del Pueblo de Paraná. En declaraciones a el programa La Primera Edición, que conduce Norma Ríos por FM Los 40 Paraná (100.5Mhz), el titular de la Defensoría, Luis Garay, confirmó que que tomaron intervención en este caso y la existencia de “casos similares”. Hay “cuatro denuncias más”, por secuestro de caballos y carros, puntualizó.

Específicamente, por el caso de Esteban Rubén Abrego, explicó que “manifiesta en todo momento que el caballo tenía todas las vacunas, no estaba siendo mal tratado y que decidieron administrativamente desde la Municipalidad, retirarle el caballo con apoyo de la policía. Y digo esto porque nos comunicamos enseguida con la gente de la Comisaría 6ta y ellos manifestaron que no tomaron parte del procedimiento, si no que actuaron de manera preventiva. Esto significa, sin ningún tipo de orden por parte de la justicia o de la fiscalía”, señaló. En ese sentido afirmó que “elevamos una nota al secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad (Eduardo Solari), manifestándole nuestro malestar y pidiendo que se empiece a trabajar de manera coordinada”, dijo.

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Al respecto, argumentó que “hay una cuestión que no está siendo aceitada entre el municipio, la fiscalía y la policía porque si bien hay una ordenanza relativamente nueva (Ord. Nº 9537) donde ya se ha establecido que se va a dejar de permitir la circulación de la tracción a sangre en la ciudad”, esa Ordenanza, “da un plazo de un año desde la reglamentación”. “Es decir que los ciudadanos que tengan tracción a sangre y no haya maltrato animal, pueden circular”, subrayó Garay.

“Es muy difícil para Abrego tener algún tipo de movilidad, si no consigue de manera urgente un apoyo del Estado”, dijo. Ante la pregunta de si había sido notificado por el Municipio de la existencia de maltrato hacia la yegua secuestrada, uno de los argumentos de Mariani al momento de sustraerle el animal y el carro, el Defensor del Pueblo negó rotundamente y agregó: «Pedimos el informe el día 6 de octubre, no nos han contestado, sí habló la trabajadora social (de la Defesnoría) con quien está a cargo de Sanidad Animal (Isable Mariani) pero nosotros no nos quedamos con esos dichos sino que pedimos un informe”, explicó y apuntó que “esta semana debe estar contestándonos, además queremos saber por qué se actuó de esa manera sin la intervención del Ministerio Fiscal o por lo menos que le den intervención para que un veterinario de la Policía tome contacto y vea si realmente hubo maltrato o no y que le devuelvan el animal”.

En referencia al caso puntual, manifestó que “es una cuestión que se tiene que resolver lo más rápido posible, para que Abrego pueda seguir trabajando”.

Una cuestión cultural

La erradicación de la tracción a sangre en la capital entrerriana es desde hace un tiempo, una política del Estado local. Tiene como eje el Programa Recuperadores de Derechos, creado durante la anterior gestión, que plantea un abordaje integral de la problemática e intercambia motocarros por carros y caballos con los recicladores de la ciudad. al respecto, el Defensor del Pueblo, dijo que “también lo hablamos con el Procurador Fiscal porque entendemos que hay una cuestión que es mucho más grave todavía que es que la reglamentación de la la entrega de motocarros a los recicladores dice que una vez que entregan el caballo recién ahí se incorporan al listado y acá el Municipio ha dejado varios afuera, porque al caballo no lo tienen, porque lo secuestró o se los retuvo la policía por una orden algunas veces de Fiscalía. Y esto es una rara interpretación porque que haya sido secuestrado el caballo, no invalida que siga siendo dueño de ese animal para hacer el cambio y entrar en el Programa y poder tener el vehículo que es lo que están necesitando para poder seguir trabajando”, puntualizó.

“Tiene que primar el criterio de lo importante que es para una familia el sustento de cómo seguir viviendo”, señaló Garay y agregó: “Si no se prioriza la compra de más motocarros tendrían que ver qué pasa con respecto a la ordenanza, si se estira en el tiempo o no su implementación, hacer un trabajo de toma de conciencia para que no haya maltrato, porque lo que muchas veces nosotros podemos ver como maltrato, muchos ciudadanos no lo interpretan así. Es una cuestión cultural que tiene que ver con la educación y tienen que ver cómo se trabaja socialmente desde el Ejecutivo, incluso estaría bueno el aporte de las entidades que defienden a los animales, los proteccionistas, porque en algunos casos el caballo en esta instancia está cumpliendo una función social”, sostuvo.

“Es un trabajo que hay que hacerlo en forma conjunta pero sin perder de vista la cuestión social que es la que nosotros entendemos tiene que prevalecer en estos caso, el caso de Abrego es uno más, pero hay muchos otros. De hecho a la Defensoría llegaron cuatro casos similares a este”, aseguró.

Para el Defensor del Pueblo, “la Secretaría de Derechos Humanos tiene que ser quien empiece a convocar, incluso a los organismos protectores, para que se empiecen a fijar pautas de una sana convivencia. Entiendo que si hay un maltrato es otra cosa, pero el hecho de hoy retirar el animal sin darle una alternativa de tener algún tipo de sustento o apoyo desde el Estado para que esas personas puedan seguir trabajando, no tiene sentido. El programa tiene que ser integral  y coordinado con todas las partes”, dijo.

Por último, afirmó que, “por lo que nos dijo el Secretario de Derechos Humanos, tienen encargados otros 50 motocarros para fin de año, entregaron 25 los otros días, nos informaron, pero esto tiene que ser rápido porque debe haber un padrón mucho más grande en la ciudad de Paraná”.