Las personas en situación de calle, lejos de la agenda oficial en Paraná

Un improvisado refugio en un CIC es el único espacio municipal para dormir durante el invierno. La Ordenanza que crea el programa de asistencia integral continúa sin implementación desde 2010. Silencio en el HCD.

Por Mariano Osuna

La situación de calle es una problemática estructural en clave de restitución de derechos. En Paraná, su abordaje viene con omisiones estatales históricas, aunque profundizadas en un contexto de aumento de las personas que atraviesan este abandono y en un escenario de receso de la economía, de reducción de poder adquisitivo y de pérdida de puestos de trabajo formales y precarizados. No es la economía la única causa que explica la situación de calle, pero si es un factor relevante en un esquema donde el Estado ha retirado su intervención en áreas significativas de educación, salud, cultura y desarrollo social.

El ascenso en las personas en situación de calle no ha traído respuestas oficiales en la planificación e implementación de políticas públicas que aborden la problemática. Sólo se definió abrir un refugio improvisado en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la zona este de la ciudad, ubicado en la intersección de las calles Roque Saenz Peña y Fermín Garay. El lugar funciona con un policía como única contención cotidiana a las diversas necesidades que atraviesa una persona en esta situación. Sin equipo interdisciplinario, solamente tiene una psicóloga semanal, ni infraestructura acorde al abordaje que se requiere, sólo da una respuesta inmediata al frío, ni siquiera a la falta de una cama y un techo porque en verano vuelve a cerrar. En el CIC sólo hay un espacio para dormir que abre de noche y 6.30 de la mañana invita a retirarse a los ciudadanos, no más de veinte, un porcentaje casi insignificante en relación a las personas en esta situación, que pueden acercarse hasta el lejano lugar.

Al crecimiento de las personas en situación de calle, a la falta de políticas públicas que intervengan en la garantía de derechos, se agregan dos hechos relevantes. Por un lado la disolución de Casa Solidaria, la organización comunitaria que realizaba distintas actividades que atravesaba la reconstrucción del proyecto de vida de las personas en clave de promoción y restitución de derechos, que abarca el trabajo digno, el techo propio, la libertad de circular libremente en las calles y espacios públicos, el acceso a la salud y la educación, y la integración cultural y comunitaria. Casa Solidaria era el único dispositivo que intervenía frente a la ausencia del Estado, y que lo realizaba desde una visión que superaba el perfil tutelar y asistencialista, para trabajar en la reconstrucción de los lazos sociales, culturales, políticos y comunitarios.

El otro factor es la falta de implementación de la ordenanza 8932, sancionada en 2010, que crea el Programa de Asistencia Integral para personas en situación de calle. Pese a sus limitaciones, vigente hace siete años, la legislación sienta un precedente en la creación de centros de día y de noche y de equipos interdisciplinarios que aborden de manera integral cada situación específica de manera cotidiana.

El año pasado, organizaciones sociales presentaron más de cuatro mil firmas al Honorable Concejo Deliberante, a la Municipalidad de Paraná y al Gobierno de Entre Ríos, para visibilizar una problemática estructural, agravada por el contexto actual, y para exigir la implementación de la norma. Algunos meses después, hicieron uso de Voz y Opinión Ciudadana, una herramienta legislativa de participación social, para pedirles a los concejales de los tres bloques que respeten la ordenanza sancionada y den presupuesto al Programa. La Municipalidad, como los distintos bloques del HCD, hicieron silencio a la problemática y definieron que no era una prioridad.

A esos dos elementos, el cierre de Casa Solidaria y la violación de la ordenanza vigente, hay que agregarle las denuncias durante 2016 a la violencia institucional fomentada por la policía de Entre Ríos, que terminó incluso con un internado en el Hospital San Martín por los golpes efectuados. El 24 de agosto pasado, una manifestación en Plaza 1 de Mayo visibilizó la situación. Casa Solidaria propuso su formación y experiencia para la capacitación de las fuerzas de seguridad y para la creación de dispositivo que intervenga hacia la restitución de derechos. La respuesta fue la misma: un silencio ensordecedor.

El escenario es desalentador. Las personas en situación de calle están lejos de la agenda oficial. Sin espacios de día que acompañen el proceso subjetivo y colectivo de reconstrucción de su proyecto de vida, sin equipos interdisciplinarios que hagan un seguimiento cotidiano, sin presupuesto en la ordenanza que crea el Programa de Asistencia Integral, y sin políticas públicas articuladas que garanticen derechos, la desidia se transformó en la respuesta estatal. ¿Será el presupuesto 2018 donde se comience a reparar una injusticia histórica o será una nueva ratificación de la indiferencia estructural?