La ONU exhortó al Gobierno a resolver la superpoblación carcelaria

El Comité Contra la Tortura cuestionó la “deficiente investigación” de casos de tortura denunciados e instó a poner en marcha un mecanismo de prevención contra esos apremios y otros abusos de las fuerzas policiales.

El Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT por su sigla en inglés) exhortó al gobierno argentino a tomar medidas contra la superpoblación carcelaria en los penales y las comisarías de la provincia de Buenos Aires, lo cuestionó por la “deficiente investigación” de casos de tortura denunciados y lo instó a poner en marcha un mecanismo de prevención contra esos apremios y otros abusos de las fuerzas policiales.

La declaración se desprende de un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que ayer planteó esas y otras problemáticas durante la 60º sesión del CAT en Ginebra. Allí, los representante de ese organismo de derechos humanos bonaerense denunciaron el “colapso del sistema carcelario”, las “torturas y las muertes” de personas privadas de la libertad, y “las prácticas policiales arbitarias”.

Según el comunicado de la CPM, los representantes del Gobierno argentino reconocieron “la grave situación de superpoblación y hacinamiento” en cárceles y comisarías, así como también admitieron “la falta de datos sobre la problemática”.

La CAT, por su parte, insistió en la “implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, creado por ley en 2012, y advirtió al Estado acerca de “la inconveniencia de usar las comisarías como lugares de detención permanente”, y recordó lo ocurrido en la Comisaría Primera de Pergamino, donde a principios de marzo pasado murieron calcinados y asfixiados siete detenidos.

No es la primera vez que el Comité Contra la Tortura se pronuncia sobre los casos denunciados por la CPM, que en esta oportunidad presentó un informe de seis puntos. Además de alertar sobre “la práctica sistemática” de la tortura en cárceles y comisarías, la superpoblación y el hacinamiento de los detenidos, también denunció “las muertes en el encierro”, “las prácticas policiales ilegales” y los abusos contra grupos vulnerables como niños, personas con padecimiento mental, migrantes, trans y mujeres. El organismo advirtió, además, el riesgo que implica la reforma de la ley de Ejecución Penal 24.660 y el Decreto de Necesidad y Urgencia, que pone el acento sobre los migrantes.

Fuente: Página/12