Funcionarios violentos en la Municipalidad de Paraná

Violencia institucional, laboral y de género. Fustazos, golpes de puños, encierros, barreteadas e insultos protagonizados por funcionarios de Cambiemos se suceden mes a mes, pero el Ejecutivo parece no tomar nota de la situación y deja a los trabajadores en un estado de indefensión.

Por Pablo Urrutia

Durante este año se han conocido por lo menos seis situaciones de violencia que involucran a funcionarios de primera línea de la gestión de Sergio Varisco. Dos de ellos fueron separados de sus cargos ante la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las pruebas. Sin embargo, el Intendente no se ha referido al tema ni se han tomado acciones generalizadas desde el Estado municipal, el cual tiene las herramientas y la obligación de hacerlo, para abordar esta problemática.

Desde comienzos de año hubo una suerte de escalada de esta problemática en ámbitos municipales que derivaron en sendas denuncias y acusaciones públicas. Persecuciones, represalias económicas, gritos, insultos, acoso y un funcionario golpeando con una fusta a un trabajador son escenas de esta grave situación que contrasta con el desdén de parte del intendente Varisco que el año pasado vetó una ordenanza que disponía la creación de un gabinete interdisciplinario para tratar las situaciones de violencia, autoría de un concejal de su propio espacio.

El 8 de febrero dimos a conocer la renuncia del director de la Planta de Tratamiento de Residuos, Guillermo Aizcorbe. El funcionario fue denunciado por un grupo de cooperativistas en el Inadi por maltratos “por nuestra condición de mujeres y nuestra condición social”. Las trabajadoras que realizan tareas de recuperación, selección y enfardado de residuos en la planta, relataron en la denuncia que “La situación de violencia verbal y maltrato del Director se agudizó desde hace 3 meses, no sólo a los integrantes de la Cooperativa, sino a los empleados municipales también. Acusaciones infundadas de robo contra las personas de Presidenta y Secretaria y trato de negras de mierda y negras hijas de mil puta. Las situaciones fueron muchas en las que hemos sido maltratadas por Aizcorbe”. La contundencia de la acusación, reforzada por un audio en que se escucha a Aizcorbe referirse de manera denigrante hacia las mujeres, provocó que el Intendente le pidiera la renuncia al Director municipal nombrado por él, generando la primera baja en la subsecretaria de Ambiente Sustentable, encabezada por Rosa Hojman.

Poco más de una semana después de la renuncia de Aizcorbe, otro funcionario fue apartado de su cargo por un hecho de violencia. En este caso se trató del director de Habilitaciones Municipales, Orlando Gómez, quien debió salir de licencia por tiempo indefinido tras haber sido denunciado por una ciudadana de haberle dado un golpe de puño en el rostro. La mujer radicó la denuncia en la Comisaría 2da., la situación se habría desatado a partir de un reclamo que estaba realizando en la repartición a cargo de Gómez, lo que motivó una discusión con la esposa del funcionario, quien también trabaja en esa área, y la reacción de este golpeándola en el ojo. Hasta el momento el director no ha retomado sus tareas al frente de la Dirección de Habilitaciones.

El 21 de marzo el cuerpo de inspectores de la ciudad realizó una asamblea en la planta baja del edificio municipal de Cinco Esquinas, sobre avenida Echagüe, en uno de los ingresos a la playa donde van a parar los vehículos retenidos por infracciones de tránsito. El motivo fue la denuncia de un agente del sector, José Luis Escobué, quien dijo haber sido víctima de una agresión por parte del secretario de Servicios Públicos comunal, Rubén Amaya, área de la que depende la Dirección del Cuerpo de Inspectores de Tránsito. Según el empleado municipal, Amaya lo atacó golpeándolo con una fusta en un ámbito extra laboral. Ante la situación intervino el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) que elevó un petitorio para que el Ejecutivo Municipal actuara con un tiempo perentorio sobre el caso, aunque se desconoce si hubo respuesta.

El secretario de Asistencia Social del gremio, Gustavo Tornacue, resaltó en su momento la “cantidad de denuncias verbales que hicieron los compañeros en asamblea por maltratos físicos y psicológicos, y persecución por parte de Amaya hacia los trabajadores”.

Otra situación tuvo como protagonistas a inspectores de tránsito el 26 de marzo. El hecho fue denunciado por una mujer a quien le habían retenido el vehículo ese mismo día. Según la declaración de la denunciante, cuando se dirigió al depósito de las Cinco Esquinas para retirar las pertenencias del interior de su coche, “se acercó repentinamente un hombre mayor de edad”, “canoso, petiso, panzón, con bigotes, de unos 60 o 70 años de edad”, quien la empieza a insultar diciéndole “pendeja”, “asquerosita”, “putita”, “mugrienta” y a interrogarle de modo irascible sobre los motivos por los cuales se encontraba en “su” pabellón. El hombre, tras decirles a la mujer y a una amiga que la acompañaba que “no iban a salir de ese lugar”, cerró el portón del playón reteniéndolas de esa manera hasta que otro empleado se acercó a abrirles.

Rubén Amaya es uno de los hombres fuertes del intendente Varisco, sin embargo su gestión deja bastante que desear y su fortaleza parece basarse más en la violencia y el abuso de poder que en su capacidad para resolver las problemáticas de los ciudadanos y controlar los trabajadores a su cargo. Él mismo repartió hace un tiempo un llamativo panfleto en que básicamente pedía que no se los molestase porque no era su tarea resolver reclamos de los vecinos. La acción fue tan torpe y cayó tan mal que el concejal Carlos Gonzalez, debió disculparse por la misiva. Pero esto no es lo más grave, además de la reminiscencia prepolítica y decimonónica que tiene el hecho de haber agarrado a fustazos a un empleado, Amaya tiene una denuncia en su contra por acoso sexual de parte de una trabajadora municipal. El hecho fue judicializado y el acuerdo dispuso que tanto el denunciado como la denunciante serían trasladados y dejarían de compartir espacio; sin embargo, la única que resultó damnificada por la decisión de la justicia fue la mujer, que debió recalar en otro ámbito del Estado local diferente al que había sido destinada.

La denuncia más reciente contra un funcionario municipal recayó en la Secretaría de Trabajo de la provincia y tiene como acusado al arquitecto Adrián Bassi, subsecretario de Planeamiento de la municipalidad. Las denunciantes son cinco mujeres, empleadas de carrera, que sufrieron la persecución, el menoscabo, las sanciones económicas como método de disciplinamiento y la exclusión forzada de su ámbito de trabajo. En el relato de una de las denunciantes, por órdenes de Bassi, se barreteó la puerta de la oficina en que trabajaban y en lugar de la cerradura se colocó un candado. En el marco de la acusación, esta semana hubo una instancia de conciliación en la Secretaría de Trabajo, a la que acudió Walter Rolandelli, de la Secretaría Legal y Técnica en representación del municipio. No hubo mayores avances y se convocará a un nuevo encuentro entre las partes.

Hasta aquí los casos más resonantes de la “inédita”, así la calificaron las mujeres que denunciaron a Bassi, violencia ejercida por funcionarios municipales de la gestión Cambiemos en los ámbitos a su cargo. Pero también hay otra situación que cabe mencionar y que habla del perfil de los integrantes del Ejecutivo Municipal que ingresaron a partir de la intendencia de Sergio Varisco. Francisco Mathieu, secretario de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad de Paraná, tiene en curso una denuncia por violencia familiar en su contra y una orden de prohibición de realizar “actos violentos, molestos y/o perturbadores”. Además, el Juzgado de Familia N° 2, determinó la restricción de acercamiento para el funcionario y dispuso que este debe realizar un tratamiento psicológico. La violencia de género es un tema de extrema sensibilidad para la sociedad actual, sin embargo este no parece ser un escollo para Varisco y Cambiemos a la hora de nombrar funcionarios.

La indefensión de los trabajadores

En este contexto, los planteos de los concejales del oficialismo en torno a la problemática de la violencia de género en particular, y la violencia en general, resultan más cercanos a la demagogia o a la acción evasiva que una verdadera preocupación y la pasividad de la oposición en este punto deja a los trabajadores en un vacío que se siente como desamparo. Ante las situaciones de violencia, los empleados municipales de Paraná, deben recurrir a instancias provinciales como el Inadi, la Secretaría de Trabajo o la propia Justicia Civil, donde la respuesta del Gobierno local es la judicialización del hecho y no el abordaje de la problemática como tal.

Tampoco desde lo legislativo hay respuestas concretas, los concejales del oficialismo abordan tangencialmente la problemática, pero no hacen referencia al tema puntual: la ausencia de instancias institucionales para el tratamiento de los hechos de violencia laboral o mobbing. La Ordenanza 8902 de 2010 avanza sobre la problemática y dispone la conformación de una Comisión Especial integrada por un representante del área de Recursos Humanos del Departamento Ejecutivo, un profesional de la salud entendido en la temática, un concejal de cada espacio y un representante por cada organización que nuclea a los empleados municipales. Esa comisión sería la encargada de recepcionar y proponer una solución a los hechos de violencia padecidos por los trabajadores. Sin embargo nunca se implementó. En 2016, el concejal del radicalismo en Cambiemos, Pablo Hernández, redactó un proyecto de ordenanza que derogaba la mencionada 8902 y creaba un gabinete interdisciplinario para tratar la violencia laboral. El proyecto, a pesar de ser criticado porque desplazaba de ese espacio a la representación gremial de los trabajadores, fue aprobado en el HCD. Mediante el Decreto 2424/16, el intendente Sergio Varisco dispuso vetar totalmente la ordenanza de Hernández que creaba el “Gabinete Interdisciplinario para la prevención y el abordaje de la problemática de la violencia laboral”.

Entre los argumentos del Ejecutivo, se adujo que “ya existe normativa vigente en el ámbito de la Municipalidad de Paraná”, en referencia a la 8902, que nunca fue implementada, ni se planea hacerlo. Además se hace mención a principios republicanos como la división de poderes y la existencia de organismos de jurisdicción provincial y nacional a los cuales acudir ante las situaciones que se plantean prevenir y abordar. En resumidas cuentas, el Ejecutivo municipal no ve la continuidad de hechos y denuncias de violencia laboral de funcionarios de primera línea como una problemática sino como situaciones aisladas de carácter particular.

En la reciente sesión del Concejo Deliberante, el tema fue parte del debate parlamentario cuando tuvo ingreso para su tratamiento y aprobación el proyecto que crea el “Programa Especializado para la Erradicación en Violencia de Género”, destinado a hombres mayores de 18 años residentes en la ciudad de Paraná, que hayan ejercido violencia de género. Nada se dice de la violencia laboral, algo que fue señalado por los concejales del FPV, que criticaron ampliamente la iniciativa. Uno de los ejes de los cuestionamientos fue que en un principio el proyecto hablaba de Violencia Masculina, un término por demás ambiguo e indeterminado para avanzar sobre una problemática bien específica, que además cuenta con un diccionario terminológico propio; y los concejales de Cambiemos parecen desconocerlo. El Programa fue aprobado y lo cierto es que varios funcionarios de primera línea del Gobierno municipal podrían hacer uso del mismo.

Paraná se encuentra en una difícil situación frente a la violencia de género y laboral, pero nadie está interesado o sabe cómo avanzar sobre una problemática que en cualquier momento puede tener consecuencias más graves aún.

Otra de las acciones emprendidas por los ediles de la fuerza de gobierno fue el cambio en la nomenclatura de las calles de Bajada Grande, por sobre los planteos y quejas de buena parte de los vecinos de ese barrio, con el objetivo de realizar una acción simbólica contra la violencia de género.

Se puede decir que el oficialismo en Paraná  ve la paja en el ojo ajeno. Pero es justo mencionar que la ausencia de instancias locales para avanzar sobre la problemática hacia adentro del municipio no es nueva. No sólo que nunca se implementó la ordenanza sancionada y promulgada en 2010, sino que además el municipio figura entre los pocos que no adhirieron a la Ley Provincial 9671 que “tiene por objeto prevenir la Violencia Laboral y sancionar a los que ejerzan la misma sobre los trabajadores estatales o privados”, según expresa el texto de la propia norma. La no adhesión no implica que la Ley no alcance a los trabajadores y funcionarios del municipio capitalino, pero habla del desdén por el tema y la falta de compromiso para erradicarlo. La adhesión a la 9671, compromete al Estado local en su implementación y vigencia y en el desarrollo de las herramientas institucionales para el cumplimiento de los objetivos planteados. Dicho de otra manera, la adhesión a la norma provincial hubiese generado un horizonte propicio para la implementación de la ordenanza vigente o dificultado el veto express de la sancionada en 2016.